El gobierno de Canadá de Stephen Harper se ha comprometido a aplicar penas  más severas – incluso por delitos de drogas – y un régimen más espartano en las instituciones correccionales del país. A la luz de su reciente elección se vislumbra una nueva política en este ámbito. Todos los ciudadanos quieren que sus comunidades estén a salvo de los daños causados ​​por las drogas ilegales. Una estrategia, que ha sido ampliamente empleada en Estados Unidos, ha sido la de promulgar leyes estrictas de creación obligatoria de prisión mínima para los delincuentes que comercian y trafican drogas. El razonamiento es que se desalienta a las personas a caer en esos delitos. Y así las drogas están menos disponibles y el consumo es menos frecuente.

En Canadá este pensamiento es la base de la legislación federal propuesta para dar condenas mínimas obligatorias. Claro que esta clase de sentencias son extremadamente costosas e ineficaces, a la luz de la experiencia internacional.

En un reciente editorial del Washington Post, titulado “Ahorrar dinero, salvar vidas”, Newt Gingrich, el ex presidente republicano de la Cámara de Representantes (que se acaba de anunciar como candidato presidencial), y el ex líder republicano de la Asamblea Estatal de California, Pat Nolan, dieron su respaldo, junto con otros conservadores de EE.UU., para impulsar lo que denominan el “Derecho del Delito”, un movimiento para reducir el sistema nacional de prisión.

Los Estados Unidos tiene de 6 a 12 veces más personas encarceladas que Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón y el Reino Unido. La política propuesta podría ayudar a resolver la situación. Otros destacados conservadores de EE.UU. también se han unido al debate. El reverendo Pat Robertson, una figura prominente en EE.UU. de la política conservadora cristiana, puso de relieve la insuficiencia de las leyes duras de drogas, en una edición de diciembre de su programa de televisión El Club 700. Allí llegó a afirmar: “Nos está costando una fortuna y nos está arruinando a los jóvenes”.