El cultivo de cannabis es para Marruecos una más que atendible fuente de ingresos, en especial para los grupos familiares al norte del país. Según distintos cálculos serían 800.000 marroquíes quienes subsisten, en gran medida, a causa del cultivo ilegal. La ecuación es que cada familia obtiene ganancias de 3.600 euros  al año. Las variables económicas se desprenden de la producción bruta del país, estimada en 53.000 toneladas anuales. También se sabe que allí el cannabis es vendido en bruto por  pequeños agricultores a razón de 50 dirhams el kilo, en tanto su cotización, la venta de la resina de cannabis específicamente, ronda los 4.000 dirhams por kilo.

El gobierno padece las críticas unánimes de distintas organizaciones internacionales, por su inacción en el tráfico de drogas, razón por la cual ha reforzado su labor en perjuicio de esta actividad. No pocos coinciden que es fruto de la presión ejercida por la Unión Europea (UE).

El cannabis viene siendo cultivado desde el siglo XV,  en la llamada zona central del Rif central. Y muchas provincias del norte del país han sido declaradas libres de cultivo de cannabis, gracias a que los antiguos agricultores decidieron no  cultivar más esta planta en las proximidades de embalses, estanques y bosques.

El plan oficial, alternativo, tiene un presupuesto anual de 400 millones de euros. Entre sus objetivos se propone reemplazar las cosechas de los agricultores por otros cultivos alternativos. Esto explica que las superficies de cultivo de cannabis se hayan reducido drásticamente en los últimos años. Las más espectaculares se han producido en la provincia de Al Hoceima, seguida de Taounate y Larache. La región de Ketama y Chefchaouen representa el 20% de la producción total de cannabis, con 10.000 toneladas al año y 27.000 hectáreas cultivadas.

Sin embargo, esta transición no es pacífica, ya que en el pueblo de Bab Berred, en el corazón de las montañas del Rif, han existido violentos choques entre agricultores y la Gendarmería Real. Miles de personas salieron a la calle para denunciar la corrupción de las autoridades de la que los agricultores dicen sentirse víctimas. La producción de hachís está prohibida por la ley en Marruecos, pero es ampliamente tolerada por las autoridades que, en opinión de los agricultores, también obtienen su beneficio.